En noviembre de 1991, salinas envió al congreso su iniciativa para modificar el artículo 27 de la constitución que, por cierto, satisfacía los requerimientos que en 1990, el banco mundial le había hecho y también las condiciones que estados unidos ponía para firmar el tratado de libre comercio. Con ella se daba por terminado el reparto agrario y se permitía que los ejidatarios pudieran asociarse y rentar o vender los ejidos a nacionales o extranjeros. Los cambios al artículo 27 motivaron una fuerte oleada de propuestas, en especial de los grupos agrarios. Todos ellos anticipaban que la mayoría de los ejidatarios y comuneros, por su pobreza y el escaso apoyo que obtenían del gobierno, acabaría vendiendo o rentando las tierras y que estas, quedarían en manos de muy pocos propietarios, por lo que favorecería a los latifundistas, a las transnacionales y a los narcotraficantes, además de que propiciaría la migración de los miles de campesinos a las grandes ciudades y a Estados Unidos.
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